La Red Euromediterránea de Derechos Humanos
(REMDH) ha sostenido este lunes que las reformas introducidas por el
Gobierno argelino desde el inicio de la 'Primavera Árabe' en 2011
"distan mucho de responder a las expectativas de los ciudadanos
argelinos".
La organización ha resaltado durante una
conferencia celebrada en Madrid, en la que han participado miembros de
varias organizaciones sindicales y pro Derechos Humanos del país árabe,
que en Argelia "se multiplican las trabas a las libertades de
asociación, expresión y reunión, así como a las libertades sindicales".
La REMDH ha manifestado asimismo que "el régimen se muestra incapaz de
establecer un verdadero diálogo con las fuerzas sociales y de contener
los movimiento que, de forma cada vez más coordinada, se esfuerzan por
llamar la atención sobre situaciones sociales y sindicales dramáticas".
Asimismo, la organización ha solicitado a los gobiernos de España y
Argelia que tengan en cuenta la situación de Derechos Humanos y el tema
de las desapariciones forzadas durante la década de los noventa a la
hora de establecer sus relaciones bilaterales.
En
este sentido, la asistente del proyecto Solidaridad de la REMDH, Marta
Semplici, ha apuntado que "las relaciones entre Argelia y la Unión
Europea a nivel político no tienen un impacto en la sociedad civil
independiente" y ha dicho que "los Derechos Humanos han de tener un
papel prioritario en la conformación de las políticas de vecindad".
Las libertades de reunión y de concentración han sido uno de los puntos
tocados durante el encuentro, en el que el sindicalista Yacine Zaid,
miembro del Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la
Administración Pública (SNAPAP), ha destacado que "ser sindicalista
autónomo (en Argelia) no es cosa fácil".
"Defendemos
los derechos de los trabajadores y los Derechos Humanos y nos encargamos
de la oposición. Esto no es fácil en un país rico, que tiene medios
para convencer a muchos activistas y corromperlos", ha explicado.
Así, ha relatado que, después de que el sindicato se negara a respaldar
la candidatura del actual presidente, Abdelaziz Buteflika, el Gobierno
"aumentó las represiones contra los miembros del SNAPAP, entre ellas los
despidos improcedentes de sindicalistas y las persecuciones
judiciales".
SEPARACIÓN DE PODERES
Por su parte, el abogado Amine Sidhoum, miembro de la Red de Abogados
por la Defensa de los Derechos Humanos (RADDH), ha expuesto que no
existe la separación de poderes en Argelia y ha criticado que "la
justicia se ha convertido en dependiente del Ejecutivo y es imparcial".
Así, ha puesto como ejemplo el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), que está presidido por Buteflika y cuya Vicepresidencia ocupa el
ministro de Justicia, Mohamed Charfi. Asimismo, seis de los trece
miembros que componen el organismo son nombrados directamente por el
presidente del país.
"El CGPJ se ha convertido en un
medio de presión sobre los magistrados, y cualquier magistrado libre
puede ser perseguido y presentado ante un comité disciplinario que
podría trasladarle al sur", ha denunciado. "Ante esta situación, la
magistratura ha quedado presionada por las decisiones de las autoridades
y el Ejecutivo", ha añadido Sidhoum.
También ha
puesto de relevancia la existencia de un proyecto de ley que contempla
que el Colegio de Abogados se integre en el Ministerio de Justicia. "Lo
que es gravísimo es el artículo 20.4, que estipula que el fiscal puede
estipular la suspensión inmediata del abogado si considera que ha
superado ciertos límites", ha dicho.
"Si el Colegio
de Abogados no toma medidas disciplinarias, el ministro (de Justicia)
puede apelar ante la Comisión de Apelaciones o puede abrir un proceso
contra él. El proyecto tiene como objetivo amordazar la única
corporación que aún es independiente en Argelia", ha remachado Sidhoum.
La secretaria general de la Liga Argelina por la Defensa de los
Derechos Humanos (LADDH), Jabria Naili, ha abundado en estas críticas y
ha sostenido que, "pese a que Argelia puede parecer adelantada a nivel
de fachada respecto al resto de países árabes, la realidad es distinta".
"Es una república que garantiza la separación de poderes y la igualdad
entre hombres y mujeres. Hay un Parlamento electo que garantiza la
libertad de culto. Sin embargo, la Constitución se ve torpedeada por
decretos y estatutos que anulan sus estatutos", ha puntualizado.
DESAPARECIDOS
Por último, Nassera Dutour, representante del Colectivo de Familiares
de Desaparecidos en Argelia (CFDA), ha afirmado que, durante el
conflicto armado librado entre 1991 y 2002 por el Gobierno argelino y
varios grupos islamistas tras la cancelación de las elecciones tras la
primera ronda tras el éxito abrumador del Frente Islámico de Salvación
(FIS), "los dos bandos tomaron como rehén a la población argelina".
"El Estado y los islamistas dijeron que quien no estaba con ellos
estaba contra ellos, lo que atrapó a la sociedad en el miedo", ha
apuntado. "Se ha llamado tragedia nacional a lo ocurrido, metiendo en el
mismo saco a responsables y víctimas", ha agregado Dutour.
Dutour ha criticado duramente la Carta por la Paz y la Reconciliación
Nacional, cuya aplicación "ha impuesto una política de impunidad sobre
los crímenes cometidos por ambos bandos durante el conflicto".
En este sentido, la REMDH ha destacado que "estos textos impiden
recurrir a la justicia contra los agentes del Estado y reprimen y
penalizan el debate público sobre las violaciones masivas de Derechos
Humanos cometidas durante los años noventa".
La carta
ha sido criticada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
que ha solicitado a las autoridades que Nola apliquen y ha condenado a
Argelia por no haber llevado a cabo una instrucción judicial de los
expedientes de los desaparecidos.
(Embargada hasta las 23.01 GMT)
Londres, 22 may
(EFE).- Las autoridades argelinas mantienen las restricciones a la
libertad de expresión, asociación y reunión, con medidas como dispersar
las manifestaciones y hostigar a los defensores de los derechos humanos,
en un país en el que las mujeres sufren discriminación en la ley y los
abusos siguen impunes.
Según denuncia Amnistía Internacional en
su informe anual de 2012, las violaciones de los derechos humanos
cometidas en la década de 1990 y las torturas infligidas a los detenidos
durante los años siguientes seguían impunes.
El pasado año hubo
atentados mortales perpetrados por distintos grupos armados y hay
constancia de al menos 153 condenas de muerte, aunque desde 1993 no hay
ejecuciones legales.
Pese a que durante todo el año se
sucedieron las protestas y manifestaciones de sindicalistas y otros
grupos por el desempleo, la pobreza y la corrupción, las fuerzas de
seguridad las disolvían o impedían su celebración mediante el bloqueo o
las detenciones.
El Gobierno de Argel no ha secundado las
recomendaciones de revocar las leyes aprobadas bajo el estado de
excepción (en vigor de 1992 a 2011).
Las nuevas leyes sobre la
información y asociaciones, adoptadas en diciembre de 2011, restringen
la labor informativa de los medios en cuestiones de seguridad, soberanía
o intereses económicos. Además endurecían los controles sobre las ONG
ya que las autoridades podían suspenderlas o disolverlas, impedir su
registro legal o negarles financiación.
Los periodistas podían
ser procesados por difamación en aplicación del Código Penal y así
Manseur Si Mohamed, de La Nouvelle République en Mascara, fue multado y
condenado a dos meses de prisión en junio por "comentarios
difamatorios", al escribir que un funcionario del Estado incumplió una
decisión judicial.
Pese a haber levantado en 2011 el estado de excepción, las autoridades mantuvieron la prohibición de manifestaciones en Argel.
Abdelkader
Kherba, de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos y
del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados,
fue multado y condenado a un año de prisión como culpable de
"incitación directa a una concentración" al sumarse a una sentada de
empleados judiciales y filmarla.
En octubre, la Policía detuvo y
golpeó a Yacine Zaid, activista sindical y presidente de la oficina de
la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos en Laghuat.
Posteriormente fue acusado de "agresión a un agente del orden" y condenado a seis meses de prisión y multa.
El tribunal desestimó su denuncia de agresión policial, pese a la existencia de pruebas médicas.
Zaid
y otros tres defensores de los derechos humanos, que habían participado
en una sentada a las puertas del tribunal en el que era juzgado
Abdelkader Kherba en abril, fueron acusados de un delito punible con
hasta un año de prisión.
Los grupos armados, como Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI), perpetraron atentados con explosivos y otros
ataques, sobre todo contra objetivos militares.
Las autoridades
informaron de la muerte de miembros de grupos armados pero sin dar a
conocer muchos detalles, lo que hizo temer que algunos hubieran sido
ejecutados.
Se tuvo noticia de la muerte de al menos cuatro civiles por explosiones de bombas o por disparos de las fuerzas de seguridad.
El
Departamento de Información y Seguridad seguía teniendo amplias
facultades para detener y recluir, incluso en régimen de incomunicación
en el caso de los sospechosos de terrorismo, lo que facilita la tortura.
Abdelhakim Chenoui y Malik Medjnoun, condenados en 2011 a 12 años de
prisión por el asesinato del cantante cabileño Lounes Matoub, quedaron
en libertad en marzo y mayo de 2012, respectivamente. Ambos habían
permanecido recluidos ininterrumpidamente desde 1999 hasta su juicio en
2011.
Chenoui afirmó que había "confesado" bajo coacción, y Medjnoun declaró que fue torturado.
Las
autoridades no tomaron medidas para investigar las miles de
desapariciones forzadas y demás abusos contra los derechos humanos
cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990.
La
Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, en vigor desde 2006,
concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y trataba como delito la
critica pública de su conducta. EFE
Dans son rapport détaillant les conséquences du développement de
l’industrie du pétrole de schiste aux Etats-Unis sur les marchés,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’est inspirée assurément des
derniers pronostics de la CIA pour le devenir du monde en 2030.
La Central Intelligence Agency (CIA), qui a publié un rapport dans
lequel toutes les facettes du monde de 2030 ont été dessinées, a prévu
une montée en puissance des hydrocarbures non conventionnels, développés
suivant un rythme effréné aux USA, pour transformer à terme de fond en
comble les marchés pétroliers et gaziers.
Contrairement aux écologistes qui militent bec et ongles contre
l’industrie du gaz et du pétrole de schiste, la CIA se montre beaucoup
plus optimiste dans ses Global Trends 2030. «Le monde en 2030», écrit
par les experts de la CIA, rassure que « grâce aux nouvelles techniques
de fracturation hydraulique, l’exploitation du pétrole et du gaz de
schiste devrait atteindre des niveaux exceptionnels». Les Etats-Unis
seraient déjà autosuffisants en gaz et ils le seront, en 2030, en
pétrole.
Cette prévision à elle seule suffit à donner des sueurs froides dans le
dos des pays pétroliers, à l’image de l’Algérie, dont le salut
budgétaire repose sur le seul revenu pétrolier. Si le développement de
l’industrie du gaz et du pétrole de schiste permettrait aux USA de
«baisser les coûts de production manufacturière et d’encourager la
relocalisation de ses industries de main-d’œuvre», le risque, pour les
autres pays producteurs de pétrole, est de voir le contrôle de l’offre
et les prix leur échapper. «Si les Etats-Unis – principaux importateurs
mondiaux d’hydrocarbures – cessent d’importer du pétrole, les prix du
baril s’effondreront», a écrit la CIA dans son Global Trends 2030.
Quelles seraient alors les conséquences pour les actuels pays
exportateurs ? C’est ce à quoi a tenté de répondre, hier, l’AIE dans son
rapport qui aborde les effets de l’industrie du pétrole et du gaz de
schiste sur les marchés à moyen et long termes.
Il va sans dire qu’une hausse de l’offre sur les marchés, combinée à
une consommation mondiale stagnante, provoquerait un effondrement
inévitable des prix. Parallèlement à cette situation si compromettante
pour les pays dépendant des recettes pétrolières, dont l’Algérie, les
menaces sur la sécurité alimentaire s’aggraveraient en 2030 sous l’effet
de la poussée démographique, pronostique la CIA.
«La baisse des performances de l’agriculture associée à des politiques
nationales protectionnistes portent atteinte aux approvisionnements
mondiaux et mettent en danger la sécurité alimentaire de la plupart des
régions, en particulier les plus pauvres. Les sécheresses récurrentes –
et persistantes – dans les bassins du Nil, du Tigre et de l’Euphrate, du
Niger, de l’Amazone et du Mékong ont affecté les niveaux de production.
Ces effets sont à mettre en corrélation avec l’impact de l’augmentation
de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère»,
prévoient les enquêteurs de la CIA.
L’Algérie, pays réputé grand importateur de produits agricoles,
a-t-elle pris au sérieux les risques auxquels elle est confrontée ? Pas
si sûr. Sur le plan économique, le pays va droit dans le mur. Les
risques évoqués par le rapport de la CIA, remis au goût du jour par
l’AIE, ne sont pas à prendre avec des pincettes, surtout pour un pays
comme l’Algérie qui souffre d’une grave crise de production et de
logique économique.
Inculpé pour "torture" en Suisse en 2012, l'ancien
ministre algérien de la Défense, Khaled Nezzar, a été auditionné pendant
plus de sept heures. Et il pourrait bientôt être confronté à de
nouvelles plaintes.
L'ex-ministre algérien de la Défense Khaled Nezzar
n'en a pas fini avec la justice helvétique. Inculpé en 2012 pour
« crimes de guerre » par le tribunal fédéral de Genève, l'ancien homme
fort du régime algérien a été entendu, le 2 mai, par des juges suisses
pour répondre des accusations de torture et de sévices lancées contre
lui par deux ressortissants algériens. Auditionné pendant plus de sept
heures, Nezzar a été laissé libre de ses mouvements, mais pourrait
vraisemblablement être confronté à de nouveaux plaignants qui souhaitent
engager des poursuites contre lui pour des faits présumés de torture
commis dans les années 1990, quand il occupait le poste de ministre de
la Défense.
Des déchets radioactifs sous forme de roches ont
été découverts le 9 avril par les douaniers du port d'Alger. Ils étaient
stockés dans trois conteneurs de 6 mètres en provenance de Chine, a indiquéLe Soir d'Algérie. "Les douaniers ont signalé avoir découvert des pierres de différentes tailles et de différentes couleurs. Les analyses réalisées sur des échantillons ont confirmé le caractère radioactif de ces roches", selon le journal.
"Les trois conteneurs ont été importés par un opérateur algérien.
La marchandise a été chargée au port de Qingdao, en Chine, à bord du Nicolas, un navire battant pavillon antiguais", selon les premiers éléments de l'enquête cités par le journal, qui précise que le navire avait fait escale à Malte avant de rallier Alger. UN TRAFIC SUR TOUT LE CONTINENT AFRICAIN
Le journal relève que les enquêteurs travaillent sur la piste d'un
important réseau de trafic de déchets radioactifs d'envergure
internationale. Ce réseau, selon la même source, transporte, puis
disperse sur le continent africain des substances radioactives produites
dans des pays développés. L'origine de ces roches n'a toujours pas été
déterminée, mais des analyses complémentaires sont effectuées au port
d'Alger.
Depuis maintenant 10 ans, le cabinet d’avocats français Gide
conseille le gouvernement algérien sur plusieurs dossiers industriels et
financiers. Il l’a, par exemple, accompagné dans le processus de
privatisation d’entreprises publiques ou dans l’actuelle stratégie
industrielle.
Mais depuis quelques mois, les
activités de son représentant Samy Laghouati suscitent quelques
interrogations, notamment sur l’existence d’un conflit d’intérêt. Début
2013, il devient actionnaire dans une nouvelle société dénommée Sarl «
Invest Com Conseil », au côté d’hommes d’affaires connus sur la place
d’Alger, selon un document en notre possession.
Les trois autres actionnaires sont Mahieddine Tahkout, PDG de
l’entreprise de transport de voyageurs dont les bus assurent notamment
le transport des étudiants, Ahmed Choudar, DG de Trust assurances, et
Nadhim Sakhri, désigné à la tête de la nouvelle entité. Cette nouvelle
société couvre diverses activités de conseils, qui vont de l’étude de
droit au renseignement, en passant par le courtage en assurances et
l’aide d’investissement, selon ses statuts.
A Alger, Samy Laghouati dirige le bureau de Gide et il est également
conseiller du commerce extérieur auprès de l’ambassade de France en
Algérie. En conseillant le gouvernement algérien, le bureau de Gide a
accès à des informations économiques de première main. Son chef ne
risque-t-il pas de les utiliser dans ses autres fonctions ?
Interrogé, Samy Laghouati affirme que son cas est « normal ». « Un
cabinet peut avoir dans son portefeuille des clients publics et des
clients privés », assure-t-il. Selon lui, un conflit d'intérêt dans le
métier de conseil « est caractérisé lorsque sur un même dossier, une
même opération, le consultant intervient pour le compte de toutes les
parties ».
Concernant la société de courtage dans laquelle il est actionnaire,
il réfute tout conflit d’intérêt : « Non, il n y a pas de conflits
d’intérêt. »
M. Laghouati affirme, document à l’appui : « Conformément à une
modification statutaire intervenue par devant notaire le 11 avril 2013,
les statuts de la Sarl Invest Com Conseil ont été modifiés à l'effet de
supprimer toute activité de conseil et de conserver uniquement et
exclusivement l'activité de courtage en assurances. »
La nouvelle société « n'a fait l'objet ni d'agrément l'autorisant à
exercer, ni même de déclaration d'existence fiscale, elle ne peut donc
ainsi opérer », assure-t-il.
La modification de l’acte est intervenue, explique-t-il, « parce que
je leur ai demandé de faire uniquement du courtage, et cela n'a aucun
rapport avec le conflit d’intérêt », insiste l’avocat. Avant de menacer
TSA de poursuites judiciaires, si l’information est publiée. Contacté
par mail et par téléphone, le siège de Gide à Paris n’a pas souhaité
réagir.
Syndicaliste, militant des droits de l'homme - il
est le représentant de la Ligue des droits de l'homme à Laghouat, dans
le sud de l'Algérie
-, Yacine Zaid, 41 ans, est souvent dans le collimateur des autorités
algériennes. Interpellé lors d'un contrôle routier sur la route d'Hassi
Messaoud, la ville pétrolière par excellence, il est arrêté, avant
d'être condamné à six mois de prison avec sursis pour outrage à agent,
et placé en détention provisoire du 1er au 8 octobre dans la
prison de Ouargla. Le récit de son séjour dans cette centrale située à
près de 600 kilomètres d'Alger offre un témoignage saisissant sur la
situation dans le sud du pays, dont il est lui-même originaire. Une
région riche en hydrocarbures, grande comme trois fois et demie la
France métropolitaine, et peuplée, pour une bonne part, de Touareg
algériens.
LES DJIHADISTES MÊLÉS AUX DÉLINQUANTS "Ouargla, explique Yacine Zaid, est une prison de transit où l'on est souvent placé avant d'être envoyé dans d'autres prisons du Sud. Six ou sept grandes salles accueillent chacune en moyenne 110 hommes, mais cela peut aller
jusqu'à 180. Les plus anciens dorment sur des lits superposés, les
autres à même le sol avec des couvertures. On te dit : "Tu as droit à un
carrelage et demi."" Interloqué, ce militant, qui bataille pour la défense
des chômeurs et les droits des employés des multinationales dans une
région où se multiplient depuis des mois les actions de protestation,
découvre un univers qu'il ne soupçonnait pas, où se mêlent petits et
grands trafiquants, djihadistes et jeunes délinquants. "Dans la salle 2, où je me trouvais, il y avait un groupe de quatorze Maliens qui avaient tenté de passer des armes depuis la Libye.
Ils m'ont raconté que, lorsqu'ils se sont trouvés nez à nez dans le
désert avec une patrouille algérienne, ils ont contactéavec leur Thuraya [téléphone satellitaire] leurs dirigeants, qui leur ont donné ordre de ne pas tirer. Ils se sont rendus." Une attitude qui peut paraître surprenante, mais à laquelle Yacine Zaid n'a pas d'explications. "Il y avait aussi, reprend-il, des membres du Mouvement des fils du Sahara [un groupe radical, dont le chef du commando qui a attaqué le site de Tigantourine, Mohamed Lamine Bencheneb, était issu] et l'un de ceux qui avaient participé à l'enlèvement du préfet d'Illizi
[en janvier 2012, le représentant de l'Etat algérien avait été kidnappé
par trois Algériens et emmené en Libye avant d'être rapidement
relâché]. Mais le pire, c'est qu'il y avait aussi des jeunes qui
étaient là pour le vol d'un téléphone portable. Ce mélange est très
dangereux." UNE QUESTION TABOUE
Les jeunes prisonniers, natifs du Sud algérien en grande majorité, se confient au syndicaliste. "Ils
avaient la haine. Ils me disaient qu'ils n'avaient jamais réussi, même
diplômés, à décrocher un poste dans une entreprise pétrolière, sauf à 15
000 dinars [moins de 150 euros] chez un sous-traitant. Pour
eux, tous les emplois étaient trustés par les Algériens d'Oran, d'Alger
ou de Constantine. Ils se focalisent sur les gens venus du Nord,
parachutés par connaissance. Pour la première fois, j'ai entendu parler de séparatisme dans le Sud." Une question taboue en Algérie, plus encore que celle, au nord, de la Kabylie.
Sans détour, les compagnons de cellule du militant lui rapportent leur façon de survivre. "Ils m'ont tous dit : "Oui, on fait de la contrebande de cigarettes, on vole des Toyota, parce dans une famille
de 15 personnes, un tiers ne travaille pas". Quand tu discutes avec
eux, ils reviennent toujours sur leurs conditions de vie qui
s'aggravent. Ils disent : "On ne va pas rester les bras croisés." Certains sont attirés par les groupes armés,
d'autres affirment qu'ils sont partisans d'une séparation du Sud, mais,
au fond, ils ne veulent pas ça. Ils sont poussés vers ça." "J'ai tenté de les convaincre, poursuit Yacine Zaid, que l'unique façon de fairebouger les choses était la méthode pacifique parce que la violence, c'est le seul terrain que le pouvoir
maîtrise. Je ne comprends pas le silence des autorités sur ces
problèmes. Les officiels voient des pseudo-associations et étouffent
toutes les autres voix. La seule réponse, c'est plus de barrages et plus
de sécurité. Mais les choses se dégradent, et le nombre d'adhésions à
la violence va en augmentant. Sait-on vraiment ce qui se passe dans les
cités ? Non. La seule solution, c'est de restructurer la société civile. Je ne suis pas partisan de sortir dans la rue, comme en Tunisie, sans être sûr que la société civile puisse prendre le relais pour éviter un bain de sang. Mais dans le Sud, poursuit-il, inquiet, le danger vient vers nous."
La
production algérienne en gaz naturel subit tellement de pressions que la
Sonatrach et sa tutelle ne sont plus en mesure de contenir.
Certaines compagnies menacent de quitter l’Algérie si elles
n’obtiennent pas suffisamment de concessions. D’autres clients de
Sonatrach se bousculent devant le tribunal d’arbitrage international
afin d’obtenir des réductions sur le prix de vente du gaz. Le tout est
couronné par l’action menée par le Qatar visant à exclure
progressivement l’Algérie du marché international du GNL.
Le chantage de BP En 2006 déjà, les responsables de BP avaient prédit la déplétion du
gaz algérien et savaient à l’époque qu’en 2017, la Sonatrach ne serait
plus en mesure d’honorer ses contrats gaziers. Aujourd’hui, les
responsables de cette compagnie utilisent cette carte pour obtenir des
concessions inimaginables de la part de l’Algérie. En annonçant le
report de la reprise de leurs investissements en Algérie, les
responsables de BP pensent surtout aux textes d’application de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures. La compagnie britannique compte
investir dans les gaz non conventionnels dans le périmètre de Bourarhat,
dans le bassin d’Illizi, et maintient la pression sur les autorités
algériennes pour obtenir le maximum de facilités fiscales. Bourarhat Sud
(les blocs 230 et 231, non loin du complexe de Tiguentourine) présente
un enjeu de taille pour BP, en raison de son énorme potentiel en gaz de
schiste. Ce gisement de gaz non conventionnels est estimé à 52 Tcf, soit
le même volume que les réserves actuelles de Hassi R’mel. Le contrat
d’association sur l’exploration de ce gisement a été signé le 23 avril
2005 pour une première phase qui s’est achevée en 2008. Une seconde
période d’exploration, qui devait se terminer en 2010, a été prolongée
de 24 mois, soit jusqu’au 23 septembre 2012. Nous sommes aujourd’hui
dans la phase de développement qui devra être âprement négociée entre BP
et les autorités algériennes. Car, il s’agit de gaz non conventionnels,
régis par la nouvelle législation.
Les prétendus retards Les investissements actuels de BP se résument en fait à deux
complexes gaziers, In Salah et In Amenas. Pour ce dernier, l’association
mise sur pied le 29 juin 1998 avec Sonatrach et Statoil devait consentir
des investissements pour le développement et la production de quantités
de gaz naturel situé dans la région d’In Aménas ainsi qu’au traitement
des dites quantités de gaz naturel, en vue de l’extraction des gaz de
pétrole liquéfiés (GPL) et du condensat. Il s’agit surtout de maintenir
une production à hauteur de 9 milliards de mètres cubes, qui représente
actuellement presque 12 % de la production nationale. Cet investissement
concerne quatre gisements découverts avant la date de signature du
contrat (Tiguentourine, Hassi Farida, Hassi Ouan Abécheu et Ouan Tardert).
La Sonatrach devait y participer à hauteur de 8,21% de son financement
alors que les deux autres associés, Statoil et BP apportaient un
financement à hauteur de 45,90% chacun. Le contrat de réalisation de
cette nouvelle installation a été confié, le 5 mai 2011, aux japonais de
JGC. Les installations, qui devaient renforcer les capacités du CPF, ne
seront toutefois pas livrées dans les délais contractuels. Prévues pour
septembre prochain, ces installations verront certainement un retard
important en raison de l’attaque terroriste perpétrée contre ce site et
qui a contraint les japonais de JGC à le quitter. Du coup, on s’aperçoit
que même si elle tenait à faire démarrer ces installations, BP ne le
pourra pas sans la normalisation des rapports avec le maître d’ouvrage
japonais. Selon les experts, les travaux ne seront pas achevés avant la
fin du premier semestre 2014. Et cela influera énormément sur les
niveaux de production de ce complexe. Le second investissement où BP
exerce son diktat est celui d’In Salah. A travers ce complexe, il est
question du développement de quatre champs (In Salah, Gour Mahmoud,
Hassi Moumene et Garet El-Befinat) en vue de maintenir le plateau de
production de gaz à 9 milliards de mètres cubes par an, soit la même
quantité que celle d’In Aménas. Les travaux de réalisation des
installations d’In Salah ont été confiés, en date du 11 avril 2011, à
Petrofac qui devra les livrer au bout de 50 mois, soit avril 2015. Coût
de l’opération : 1,185 milliard de dollars. BP la finance à hauteur de
33,5%, Statoil ne participe que sur 31,85% alors que la Sonatrach a pris
la plus grosse part de participation avec 35%. Par conséquent, les
déclarations des responsables de BP relatives à d’éventuels retards sur
les opérations de développement de ces deux gisements ne sont pas
justifiées. Car, dès le départ, on savait que les installations
n’allaient pas être livrées avant mai 2014 pour In Aménas et avril 2015
pour In Salah. On en déduit aisément que les Anglais cherchent à affoler
les responsables algériens et les presser d’accepter les conditions
imposées par la compagnie britannique.
BG sur la même ligne Les pressions britanniques subies par Sonatrach ne se limitent pas
uniquement à BP. La compagnie du gaz BG Groupe se comporte de la même
façon . Cette compagnie est entrée en Algérie en 2006, suite à un accord
conclu avec Gulf Keystone pour l’acquisition de 36,75% du permis Hassi
Ba Hamou (HBH, sur les blocs 317b, 347b, 322b, 348 et 349b) dans la
wilaya d’Adrar. Par la suite, Gulf Keystone s’est retirée de cette
association en cédant une partie de ses participations à BG et une autre
à Sonatrach. Mais avant même de rentrer dans la phase de développement,
BG a décidé de vendre ses participations sur ce permis. En date du 7
mars 2012, la compagnie britannique a informé Sonatrach que sur les six
sociétés (CEPSA, ENI, E.On Ruhrgas, PTTEP, SHELL et Pertamina) qui ont
étudié les données techniques du périmètre Hassi Ba Hamou, seule
Pertamina était intéressée par ce projet. BG avait alors sollicité
l’accord de Sonatrach pour continuer les discussions sur cette cession
de parts au profit de la compagnie indonésienne. Deux semaines plus
tard, Sonatrach a notifié à l’opérateur britannique, la nécessité de se
conformer aux dispositions de l’article 30.2 du contrat, qui stipule que
BG ne pourra en aucun cas céder plus de 49% de ses intérêts dans le
contrat, lors de ses négociations engagées avec Pertamina. La compagnie
BG Groupe a fait subir les mêmes souffrances aux responsables de
Sonatrach dans la gestion de l’association sur le projet de Guern El
Guessa. Après une première phase de recherche arrivée à échéance le
02/05/2012, BG a décidé d’abandonner le permis et clôturer le contrat.
L’arbitrage pour saigner Sonatrach La semaine dernière, la compagnie italienne Edison a obtenu gain de
cause dans la procédure d’arbitrage international lancée contre
Sonatrach. La société italienne, acquise l’année dernière par les
français d’EDF, a gagné le procès portant sur les prix pratiqués pour
l’achat du gaz algérien. Selon tous les experts, Sonatrach aurait dû
négocier une fourchette de prix et obtenir un juste équilibre avec les
Italiens d’Edison. Mais, on a préféré aller à l’ arbitrage et payer plus
alors qu’on aurait pu négocier tranquillement autour d’une table. Une
procédure d’arbitrage international similaire a été lancée, contre
Sonatrach, par l’autre italien Enel. Notre compagnie pétrolière devra
encore perdre le procès et jeter de l’argent qu’elle aurait pu
économiser avec un peu de bon sens et des négociations avec le
partenaire. L’héritage de Chakib Khelil est lourd certes, mais cela ne
justifie en rien le silence de son successeur sur les contentieux avec
les compagnies étrangères. Sonatrach a déjà perdu beaucoup d’argent au
profit des étrangers. Outre Edison, il faut rappeler les quatre
milliards consentis l’année dernière à l’américain Anadarko.
Le complot qatari Alors que plusieurs experts en politique énergétique ont tiré la
sonnette d’alarme sur la politique menée par les Qataris, l’Algérie
continue de s’enfoncer dans le gouffre de la dilapidation de son gaz
dans les projets industriels montés conjointement avec les groupes du
Qatar. Après avoir évité de justesse le projet de l’usine de
vapocraquage prévue à Arzew avec Total et Qatar Petroleum et économisé
les quantités de gaz qui devaient être consommées par ce complexe, nos
responsables ont consenti aux Qataris le projet de Bellara pour la
production de 5 millions de tonnes d’acier par an. Combien de quantités
de gaz devra-t-on consommer dans ce projet ? Nul ne le dira. Les
Qataris, qui n’ont jamais investi dans l’amont algérien pour la
production d’hydrocarbures, ont réussi à convaincre nos responsables de
monter avec les Norvégiens des usines de pétrochimie pour consommer
encore davantage le gaz algérien. Avec l’entrée en service des nouvelles
centrales de production d’énergie électrique, notamment avec le
programme des 8400 MW et les retards cumulés sur l’exploitation des
gisements du Sud- Ouest du pays, l’Algérie ne pourra pas satisfaire ses
engagements en matière de fourniture de gaz. La date fatidique de ce
déclin est prévue pour 2017. Les Qataris seront alors seuls sur le
marché du GNL et négocieront notre part de marché sur l’Europe. Ces
mêmes Qataris ont longtemps courtisé le réseau de distribution de
carburants en Algérie. Comme l’avait évoqué El Watan, leur société Woqod
a tenté par tous les moyens de s’accaparer des infrastructures
stratégiques dédiées jusqu’ici à Naftal. Chakib Khelil les a longtemps
soutenus contre les Turcs qui ont tout fait pour s’accaparer des
stations de carburant sur le tracé de l’autoroute Est-Ouest. Même après
le départ de Chakib Khelil certains responsables algériens ont maintenu
l’option Woqod. Cette dernière avait désigné en 2011 un auditeur pour
évaluer les opportunités de partenariat avec Naftal. Le rapport établi
dans ce sens a donné des frissons aux Qataris. L’auditeur a en effet mis
en garde contre un partenariat avec Naftal pour deux principales
raisons. Il évoquait notamment les mauvais réflexes développés par le
personnel de l’entreprise, mais surtout taxé son syndicat de «réseau
mafieux», qui contrôle le transport du carburant à l’échelle nationale.
C’est sans doute sur la base de ce rapport que Woqod a décidé de
constituer avec Sonatrach, un nouveau réseau qui exclurait Naftal. En
décembre dernier, trois événements majeurs ont marqué ce dossier.
L’arrivée du Premier ministre qatari avec des propositions pour Woqod,
la décision de Sonatrach de mettre en place son propre réseau de
distribution de carburant et, enfin, la levée de bouclier du syndicat de
Naftal contre cette décision des responsables de leur société-mère.
Depuis lors, rien n’a été rendu public sur le partenariat avec Woqod.
Je suis Française, il est Algérien. Toute notre enfance a été bercée
par la guerre d’Algérie. Souvenirs traumatisants d’un départ forcé pour
moi, journaliste fille de pieds-noirs, récit mythifié d’une indépendance
glorieuse pour lui, réalisateur militant des droits de l’Homme ; chacun
a eu droit à sa version de l’Histoire.
Deux mémoires, une histoire commune
Je suis Carole Filiu, il est Ferhat Mouhali. Couple dans la vraie vie
et réalisant ensemble des projets documentaires, c’est au fil de notre
nouveau film, des voyages et des rencontres de chaque côté de la
Méditerranée que nous voulons retracer l' histoire vécue de ce conflit.
Loin de l’historiographie officielle, nous partons à la rencontre des
témoins aux discours volontairement oubliés, des historiens qui se
battent contre la guerre des mémoires pour faire entendre une vérité qui
agace. Un chemin qui nous mène vers la remise en question de notre
passé, la réponse à nos incertitudes et une meilleure compréhension de
l’Autre. Ne nous racontez plus d'histoires ! - Teaser from Carole Filiu et Ferhat Mouhali on Vimeo. Le film
Le film sera composé de deux parties de 45 minutes chacunes. Ces
parties seront liées par une introduction, une transition et une
conclusion générale. Afin de se répondre, chaque partie sera construite
sur le même récit en France et en Algérie : celui de notre recherche d’une histoire plus objective de notre passé.
Nous ne cherchons pas à faire un documentaire historique compilant des
images d’archives et des entretiens d’historiens. Notre histoire est
celle de milliers de jeunes qui cherchent à mieux comprendre leurs
origines. Le film sera intimiste en ce sens que nous
mettons en scène notre démarche : à l’aide de la voix-off et via notre
présence devant la caméra. Nous présenterons des membres de notre
famille (en particulier la famille pied-noir de Carole), des images de
notre passé (photographies de villages coloniaux, de moudjahid), témoins
d’une mémoire qui refuse d’autres aspects de l’histoire.
Village d'Agmoun en Kabylie, détruit par les bombardements français
Nous montrerons des paysages, des lieux chargés de cette histoire collective
empruntés par nos personnages : ports d’Alger et de Marseille,
bâtiments français abandonnés en Algérie, métros parisiens parcourus par
les porteurs de valise... L’idée de voyage, de découverte sera
prégnante tout au long du film : nos parcours en bateau, en train, en
voiture seront intégrés, telle une enquête. Les
interventions des témoins de la guerre, des historiens permettront de
répondre au fur et à mesure à nos questions. La parole des jeunes,
essentielle, donnera une valeur universelle à notre
questionnement : bien qu’intime, ce film veut mettre en lumière les
questionnements de toute une génération envers son passé. En mettant
face à face deux utilisations opposées de l’Histoire, «Ne nous racontez plus d’histoires !» souligne l’importance du geste citoyen d’aller au-delà du récit officiel.
Pourquoi un tel film aujourd'hui ?
En Algérie, la guerre est un mythe qu'on ne peut remettre en cause
Depuis 1962, l’État algérien surveille l'Histoire de la guerre de
Libération. Une guerre qui l'a vu naître et qui a justifié la prise du
pouvoir par un certain nombre de ses participants. Une guerre dont il faut surveiller son récit pour légitimer, au fil des ans, un système, une politique, une armée. Au fil de son écriture, cette Histoire institutionnalisée devient un mythe et oublie des grands pans de la réalité.
Dans les manuels scolaires, la plupart des concepteurs de la guerre
disparaissent, les luttes intestines pour accéder au pouvoir se
volatilisent, et les Français qui ont aidé les Algériens à se libérer
sont oubliés.
Aujourd'hui, la société entière est victime de cette instrumentalisation de l'Histoire de la guerre d'Algérie.
Les jeunes ignorent la plupart du temps comment la guerre s'est
réellement passée : il leur faut aller par eux-mêmes à la recherche de
la véritable Histoire, à travers des livres, des articles de journaux,
des reportages et documentaires le plus souvent diffusés à l'étranger.
Internet permet un meilleur accès à cette information mais
l'enseignement distillé à l'école façonne les manières de penser.
Aujourd'hui encore, il n'est pas possible de réaliser un film
historique en Algérie sans passer par le filtre du ministère des
Moudjahidin. Au plus haut sommet du pouvoir, l'Histoire continue d'être manipulée
: le président Abdelaziz Bouteflika s'est autoproclamé « Abdelkader El
Mali » et aurait, selon les textes officiels, mené la guerre de
Libération sur le front Sud de l'Algérie. Les témoignages historiques ne
lui accordent que quelques semaines passées sur place avant qu'il ne se
réfugie dans des lieux plus tranquilles à l'étranger, mais peu importe.
Écrite noire sur blanc, l'Histoire est transformée selon la volonté des
gouvernants.
Dans la casbah d'Alger
En France, une guerre des mémoires qui n'en finit pas
Jusque dans les années 1980, la guerre d'Algérie est un tabou en France.
Éliminée des manuels scolaires, quasi-inexistante à la télévision et au
cinéma, le sujet qui avait déstabilisé la société et le monde politique
français de 1954 à 1962 est absent du discours officiel. Mais
que ce soit au sein des immigrés algériens, des anciens combattants, des
rapatriés ou des nostalgiques de l'OAS, tout un chacun porte le
souvenir de cette guerre et affirme sa propre vision de cette Histoire.
Ce n'est qu'au début des années 2000 et suite aux longs efforts des
historiens que l’État s'empare enfin du sujet.
En 1999, ce dernier reconnaît que les « événements d’Algérie »
constituaient véritablement « une guerre ». Les témoignages sur
l'utilisation de la torture se multiplient et la population découvre
alors un visage masqué de son Histoire. Mais l'Assemblée nationale, en
votant la loi du 23 février 2005 indiquant dans son article 4 les
« bienfaits d'une colonisation positive », prend ouvertement position en faveur des pieds-noirs
et provoque une réelle « guerre des mémoires » au plus haut de l’État.
Sous les déclarations d'hostilité, le président de la République abroge
cet article en janvier 2006.
Aujourd'hui encore, symboles, dates anniversaires, création de lieux mémoriels, tout est sujet à tensions et crispations.
Depuis le début de la guerre, les communautés affectives s'affrontent
pour que l'écriture de l'Histoire corresponde à leur point de vue. Bien
que la guerre soit enseignée au collège et au lycée, peu de jeunes
Français sont aujourd'hui au courant des réalités de ce conflit :
pratique de la torture, déplacements massifs de populations,
participation de certains Français à la libération de l'Algérie etc. La guerre d'Algérie est apprise telle une guerre de décolonisation comme une autre alors qu'elle a profondément transformé la société et le paysage politique français, et ce depuis cinquante ans. Cette génération d'aujourd'hui a soif de connaissances et de découvertes. Elle cherche à connaître ses origines, à comprendre un conflit qui a modifié la vie de son entourage.
A la découverte de notre passé
Un film, deux parties et deux visages pour comprendre comment,
des deux côtés de la Méditerranée, l'Histoire officielle a caché,
dissimulé ou glorifié certains aspects d'une guerre commune. A travers notre regard, celui d'un militant algérien des droits de l'Homme et celui d'une journaliste fille de pieds-noirs, nous voulons mettre en avant ce qui a été caché,
pourquoi et comment cette utilisation de l'Histoire à des fins
politiques se poursuit encore aujourd'hui. Chacun, par son parcours et
sa recherche de vérité sur un conflit qu'il ne connaît que partiellement
et qu’il découvre au fur et à mesure du film, met en exergue les conséquences d'une telle politique mémorielle sur les jeunes algériens et français.
Sur leur manque de connaissances de leur passé, et sur leur absence de
compréhension de l'Autre. A travers ce fil rouge de notre recherche, nous rencontrerons des anciens soldats, militants ou politiques
qui témoigneront. Des historiens et sociologues qui étaieront leurs
propos. Mais aussi et surtout des jeunes, récit vivant et direct de deux
sociétés qui veulent connaître la réalité sur leur passé commun.
A Ghardaia
Les réalisateurs
Carole Filiu : Diplômée de l’école de journalisme de Bordeaux en 2009, je travaille d’abord pour le journal régional Sud Ouest puis pour le site de celui-ci, SudOuest.fr que je gère pendant huit mois. Durant deux ans, j’écrit, réalise et monte le webdocumentaire Fatea (Femmes au travail en Algérie)
constitué de neuf portraits de femmes sur l’ensemble du territoire
algérien. Ce webdoc qui est diffusé en décembre 2012 sur le site de TV5
Monde leur donne la parole et offre à l’internaute la possibilité
d’entrer dans leur quotidien. Elles expriment leurs espoirs et désirs de
changement d’un État en crise.
Après ce projet, soutenu par le CNC, hébergé par TV5 Monde et diffusé
par les sites d’El Watan et Youphil, je souhaite interroger les sociétés
algériennes et françaises sur leur point commun : une guerre de sept
ans qui a bouleversé, de part et d’autre de la Méditerranée, des
systèmes politiques, culturels et sociétaux. Avec Ferhat, nous
échangeons nos visions, nos paroles avec le même objectif: celui de
mieux appréhender notre passé et faire connaître des vérités jusque là
cachées. Un objectif ambitieux qui correspond au parcours de deux jeunes
réalisateurs souhaitant aller plus loin que le discours offciel qui les
a forgé.
Ferhat Mouhali : Dès mon entrée en 2005 à l’université
de Bejaia, où j’obtiens une licence en sciences économiques, mon
parcours est rythmé par mon engagement militant. J’adhère à
l’association nationale RAJ (Rassemblement Actions Jeunesse) : j’y
occupe le poste de secrétaire général de la section de Bejaia. En
parallèle, je suis une formation au théâtre durant deux ans. En 2010, je
participe à la formation Bejaia Doc, mise en place par la
documentariste Habiba Djahnine. J’y réalise mon premier documentaire, un
court-métrage intitulé «Heureusement que le temps passe » sur le
délabrement du système hospitalier algérien En 2012, j’obtiens avec
celui-ci le prix du jury au festival national du film amazigh de Tizi
Ouzou et en 2013 le coup de coeur du public du festival parisien Point
Doc.
Durant l’université d’été de la Fémis qui s’est tenue en juin-juillet
2012 à Paris, je réalise le court-métrage « Des vies sous silence» où
j’interroge la participation des Français à la libération de l’Algérie.
Je travaille également avec Carole Filiu sur la réalisation et le
montage du webdocumentaire Fatea. «Ne nous racontez plus d’histoires !»
est l’occasion de faire connaître notre passé à mes compatriotes, afin
que chacun puisse faire le bilan de cette guerre et avoir les moyens et
outils de réflexion face à un pouvoir autoritaire.
Heureusement que le temps passe, premier court-métrage
de Ferhat Mouhali, coup de coeur du public au Festival Point Doc 2013,
prix du jury au festival national de film amazigh de Tizi Ouzou
Garacent (Entre deux), pièce de théâtre écrite et mise en scène par Ferhat Mouhali, également acteur principal
À quoi servira la collecte ?
Nous sommes en pleine écriture du projet, à la recherche d'un producteur et d'un diffuseur.
Votre contrepartie à la collecte est essentielle pour le bon départ de notre projet ! Nous
participons au dispositif Première Caméra et si nous obtenons la moitié
de la collecte (1500 euros), il nous sera possible d'être sélectionné
par Capa et trois chaînes thématiques. Elle nous permettra ensuite
d'effectuer un premier tournage de 18 jours en France et en Suisse. Ces
rushs en poche, il nous sera plus facile de démarcher les aides (CNC,
SCAM, collectivités locales) et diffuseurs potentiels...
Dans les contreparties, nous vous proposons le tirage de photographies
réalisées par Carole durant ses nombreux voyages en Algérie. Vous
pourrez choisir celle qui vous conviendra parmi une sélection : d'Alger à
Tamanrasset, d'Oran à Constantine, de la Kabylie à Timimoun... Pour
voir un aperçu, vous pouvez aller sur son blog et sur le webdoc Fatea.
Nous avons estimé le coût de ce premier tournage à 3000 euros.
Nous devons d'abord louer un matériel professionnel durant cette
période. Nous louerons une caméra pro HD, ainsi qu'un pied, un micro et
un casque, le tout pour 80€/jour. La location constitue la part
principale du budget : 1440 euros.
Après 3 jours de tournage sur Marseille où nous habitons, nous
effectuerons le trajet suivant en voiture (préférable lorsqu'on
transporte un matériel encombrant et fragile) de Marseille au Mans, en
passant par : Lyon (2 jours), Genève (4 jours) , Heideberg (2 jours),
Paris (5 jours), puis Le Mans (2 jours), retour ensuite Marseille. Cette
part (essence+péages), constitue ainsi 600 euros.
En ce qui concerne l'hébergement, nous nous rendrons principalement en
camping ou auberge de jeunesse, nous comptons environs 40 euros pour 10
nuits (nous serons hébergés gratuitement sur Paris), ce qui totalise 400 euros.
Enfin, le défraiement, nourriture (30€/jour pendant 15 jours), petit
matériel (piles, carnets, stylos, cartes SD, cassettes HD), imprévus,
totalise 560 euros.
Depuis notre rencontre, nous travaillons ensemble.
Journaliste et réalisateur, nous mettons à profit nos compétences
complémentaires pour réaliser au mieux nos objectifs... Le
webdocumentaire Fatea était notre première réussite, nous espérons
poursuivre sur cette belle lancée grâce à votre aide !
Il y a quelques jours, on apprenait que les primes allouées aux
députés et aux sénateurs, le régime indemnitaire des parlementaires des
deux chambres étant le même, allaient connaître une augmentation
substantielle avec, à la clé, un rappel consistant de plusieurs mois.
Ce sont les primes de logement, de restauration et de transport qui
ont été relevées, pour un total de 100 000 dinars mensuels. L’indemnité
totale perçue par les parlementaires de base passe alors à plus de 400
000 dinars par mois. Pour leur part, les vice-présidents, les chefs des
groupes parlementaires, les présidents et les rapporteurs des
commissions bénéficient d’autres indemnités supplémentaires.
La
dernière augmentation spectaculaire des revenus des parlementaires, les
faisant passer de quelque 150 000 dinars à plus de 300 000 dinars, est
intervenue à la veille de l’amendement de la Constitution, destiné à
sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels à deux, afin
de permettre au président Bouteflika de briguer un troisième mandat. Ce
nouveau cadeau fait aux parlementaires intervient à la veille d’une
révision constitutionnelle annoncée, qui pourrait changer l’architecture
institutionnelle du pays par un retour à la fonction de chef de
gouvernement en lieu et place de celle de Premier ministre et par la
création du poste de vice-président, entre autres.
Les Algériens
ont accusé le coup, habitués à ce type de manœuvres dans un pays où tout
ou presque tout peut s’acheter, et ne sont que passablement choqués.
Tout serait donc passé sans encombre si, quelques jours après
seulement, une autre annonce n’était venue semer le trouble. Il s’agit
de la déclaration du ministre des Finances, Karim Djoudi, qui préconise
un gel des salaires des travailleurs en s’appuyant, entre autres, sur le
recul de la production d’hydrocarbures et le reflux des recettes
générées.
Le ministre tire donc la sonnette d’alarme sur l’état
des finances publiques et dit le danger qui menacerait les équilibres
financiers du pays, si l’on venait à accorder les augmentations de
salaires réclamées ici et là, à travers des manifestations et des
mouvements de grève qui se multiplient ces derniers mois et touchent
plusieurs secteurs. Ce serait faire insulte au ministre de la République
que de remettre en cause le bien-fondé de son constat.
Mais la
proximité de ces deux évènements, celui par lequel la cagnotte des
députés et des sénateurs se voit renflouée par l’équivalent de plus de
cinq fois le SNMG et celui qui annonce l’impossibilité matérielle, pour
raison de sécurité et d’équilibre financiers, d’augmenter un tant soit
peu les petits salaires, invite inévitablement à faire le parallèle
entre les deux. Et cela a du mal à passer.
Cela donne
l’impression, en effet, que l’Algérie d’en haut nargue l’Algérie d’en
bas. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, mais à force de
tirer sur la corde… En tout cas, cela ne peut qu’aiguiser les rancœurs
et aggraver les tensions. Et ce n’est jamais bon pour un pays qui ne
manque déjà pas de problèmes et de raisons d’inquiétude.
Admis le samedi 30 avril à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, pour un « AVC [accident vasculaire cérébral] transitoire sans séquelles » — explication officielle —, M. Abdelaziz Bouteflika serait toujours au sein de l’établissement, où il observe « une période normale de repos prescrite par ses médecins » [1]. L’annonce de l’amélioration de l’état de santé du président algérien par le quotidien El Khabar a suscité des réactions mitigées chez les lecteurs, dont l’un se réjouit : « Comme tu es grand l’Aimé et je prie sans cesse pour ta guérison ». Un autre, laconique : « Qu’il sache que son retour n’est pas du tout souhaité. »
Pour une fois que le régime algérien communique sur la santé de « Son
Excellence », il a réussi à faire oublier le malade et à rappeler que
c’est tout le pays qui souffre et qui ne reçoit pas les soins
nécessaires. En effet, quand le médecin du président a prétendu avoir « insisté [auprès de lui] sur la nécessité de partir [en France] car les analyses requises ne sont pas disponibles en Algérie »,
il a provoqué une tempête de réactions indignées, les gouvernants ne
pouvant plus nier, aujourd’hui, la réalité des difficultés du peuple.
« Le Val-de-Grâce pour tous »
Il est aussi difficile de justifier l’inaction du gouvernement,
encore plus les choix du président qui a décidé de faire construire la
plus grande mosquée d’Afrique au lieu de combler les carences criantes
en édifices scolaires ou hospitaliers. Des photomontages révèlent
l’écart existant entre les attentes du peuple et les caprices
mégalomaniaques de ses dirigeants, moqués avec cette image où MM. Barack Obama et Georges W. Bush s’esclaffent : « Boutef construit une méga-mosquée pour 2 milliards d’euros et quand il est malade il file au Val-de-Grâce ».
Le journaliste Kamel Daoud a, quant à lui, publié une chronique qui a fait le tour de la Toile. Dans « Le Val-de-Grâce et le Val d’Allah », il juge que « Bouteflika
est tombé depuis des années dans cette sorte de mystique de marchands
qui se préoccupe de la sépulture, de la charité calculée et de la
construction des mosquées pour résoudre l’inquiétude du vivre et fuir le
poids de la présence au monde. »
Pour comprendre ce vent de colère, il ne faut pas ignorer l’état
lamentable des hôpitaux algériens, à quoi s’ajoute l’absence d’expertise
chez des médecins et un personnel soignant très mal formés, comme en
témoigne cette vidéo en ligne où l’on se demande si l’endroit filmé est « un hôpital ou une décharge ».
Ce sont là autant de raisons qui contraignent les patients à préférer
les cliniques privées malgré un tarif d’environ 30 000 dinars
(300 euros) la nuit, soit 2 fois le smic algérien. D’autres vont se
faire soigner au Maroc ou en Tunisie.
Il n’est donc pas surprenant que l’évacuation de Bouteflika au Val-de-Grâce ait été vécue comme une injustice. Les internautes interpellent le dirigeant algérien : « Votre vie n’a pas plus de valeur que celle de nos malades atteints de cancer ».
Un cri qui souligne la gravité de l’augmentation effrénée du nombre de
personnes atteintes de cancer. Bouteflika admis à Paris, les réseaux
sociaux ont fait circuler les extraits d’une émission de télévision où le professeur Kamel Bouzid déclare : « Parmi ces 28 000 [nouveaux malades de cancer annuels], 20 000 n’auront pas accès à la radiothérapie » et mourront sans soin d’ici l’année prochaine. Dans le même élan d’indignation, un collectif a appelé à un rassemblement de soutien aux personnes atteintes de cancer, sous le mot d’ordre « Le Val-de-Grâce pour tous » : « En 14 ans de règne, [Bouteflika] a dépensé plus de 800 milliards de dollars sans pouvoir construire un hôpital digne de ce nom. Changeons de système ! »
Honte et « nostalgérie »
Pour la jeunesse algérienne, cette évacuation met à nu une réalité
frustrante, en contradiction avec les fantasmatiques et lobotomisants
prêches nationalistes sur « la fierté et la grandeur de l’Algérie digne héritière des martyrs qui se sont sacrifiés pour son indépendance ». Alors que les « harragas »,
ces candidats à l’émigration clandestine, sont emprisonnés quand ils
sont arrêtés, voilà que, toute honte bue, leurs geôliers se pressent
chez l’ancien colonisateur afin de profiter de son « expérience ».
L’artiste Chamy Chemini s’emporte dans sa lettre « Honte à Bouteflika » : « Voit-on Chavez ou Castro allant se faire soigner aux Etats-Unis ? »
Très actif sur les réseaux sociaux, le citoyen algérien découvre son
image sérieusement écornée par les insultes et les quolibets auxquels
l’évacuation du chef de l’Etat l’expose. Le Quotidien d’Algérie a ainsi repris une dépêche publiée sur le site du quotidien 20 Minutes pour montrer « ce que pensent les français du transfert de Bouteflika à Paris ».
Un gros bouquet de commentaires — au mieux sarcastiques, au pire
haineux — peut également être cueilli sur les sites des médias de droite
comme Le Point, Le Figaro ou encore Valeurs Actuelles, où
des lecteurs blâment un Algérien qui vient se faire soigner aux frais
du contribuable français. Sur la page Web de la radio RTL, la première à
avoir rendu public l’arrivée de Bouteflika à Paris, « Claudio01 » ironise : « Quel beau pays que la France. Souhaitons au moins qu’il paiera la note et remerciera ceux qui l’ont soigné. » Comme lui, de nombreux internautes exigent que l’Algérie règle les 34 millions d’euros qu’elle doit à la sécurité sociale française.
Plus que cette dette, la colonisation revient tel un leitmotiv obsessionnel chez les commentateurs des deux pays. « Pourquoi, se demande un internaute algérien, va-t-il se soigner chez l’armée française alors qu’il n’a cessé de mendier la repentance ? Aucune fierté. Tout en servilité. » En France, on se moque de ce président qui a combattu la colonisation [2] et qui vient y chercher la guérison. « Les Algériens avaient plus de droits [sous la domination française] que maintenant », nous apprend Canaque Tlemont avec un sens de l’« humanisme » que partage Riposte laïque dans une méchante éructation intitulée « Bouteflika crache sur la France mais se fait soigner au Val-de-Grâce ».
Agrémentée d’une caricature très « Algérie française » et déversant
avec « générosité » son fiel sur les musulmans et autres « merdeux de banlieue » (sic), l’auteur fait mine de s’interroger : « La
France a pourtant construit des hôpitaux — et bien d’autres choses — au
Maghreb avant l’indépendance... Que se passe-t-il donc dans tous ces
merveilleux pays du Monde arabe ? »
Il faut dire que les extrémistes de tout poil assoient leurs
diatribes sur la stagnation dans laquelle les régimes des pays africains
maintiennent leur peuple depuis les indépendances, au grand profit des
puissances néocoloniales comme la France : « A L’ONU, comme en Union européenne, en Union africaine, dans l’Organisation de la francophonie ou en France, écrit le blogueur Djilali Benamrane dans sa tribune « Une décolonisation inachevée », personne
ne trouve à redire quant aux pratiques tendant à créer les conditions
de la reproduction ad vitam aeternam du pouvoir, l’essentiel est que ces
pouvoirs soient fidèles à la pensée dominante du libéralisme et de
l’idéologie “franco-centriste”. »
Face à l’exaspération des Algériens voyant leur honneur bafoué par
leurs dirigeants et par la droite française qui se dit, à son tour,
exaspérée par les « insultes » du président algérien tout en
oubliant qu’il est un allié économique et militaire inespéré pour la
France, Abdelaziz Bouteflika, toujours déconnecté du réel et hermétique
aux critiques, a de son côté tenu à « rassurer [s]es chers compatriotes et à les remercier pour leurs prières et leurs messages de sympathie. »
Ce qui n’est pas prêt d’éteindre la colère des Algériens puisque, le
dimanche 5 mai, c’était au tour d’Abdelmadjid Sidi Saïd, patron de
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le seul syndicat
reconnu par le pouvoir, d’être évacué à Genève après un malaise cardiaque.
La condamnation d’un militant en Algérie, après que cet homme ait
distribué des tracts sur le chômage dans le pays, est un signe
inquiétant que la nouvelle loi règlementant le fonctionnement des
associations est utilisée pour restreindre les activités des groupes de
la société civile, a déclaré Amnesty International.
Lundi
6 mai, Abdelkader Kherba, membre de la Ligue algérienne de défense des
droits de l’homme (LADDH) et du Comité national pour la défense des
droits des chômeurs (CNDDC), a été condamné à une peine de deux mois de
prison avec sursis et à une amende de 20 000 dinars algériens (environ
190 euros) pour avoir distribué des tracts sur le chômage en Algérie en
juin 2011.
Il avait précédemment été harcelé par les autorités
en raison de son action en faveur des personnes sans emploi ou de
soutien à des syndicalistes.
« Le dernier procès en date
intenté à Abdelkader Kherba fournit encore un exemple de la manière dont
les autorités algériennes utilisent le droit et le système judiciaire à
mauvais escient afin d’intimider ceux qui défendent les droits sociaux
et économiques », a déploré Ann Harrison, directrice adjointe du
programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International.
« Si cette condamnation n’est pas annulée, cela enverra le message que
la nouvelle loi sur les associations sera utilisée afin de restreindre
encore davantage les activités des militants et des groupes travaillant
de manière pacifique sur des questions que les autorités pourraient
considérer comme subversives. »
Abdelkader Kherba a déclaré à
Amnesty International : « Cette condamnation vise à nous empêcher,
moi-même et d’autres militants, de poursuivre notre action pourtant non
violente. C’est un moyen d’intensifier les pressions exercées sur
nous. »
La Cour d’appel de la ville de Médéa (à environ 80 km
au sud-ouest d’Alger, la capitale) a reconnu Abdelkader Kherba coupable
en vertu de l’article 46 de la loi 12-06 relative aux associations, qui
est entrée en vigueur en janvier 2012.
Aux termes de l’article
46, les membres actifs d’associations non reconnues sont passibles de
peines allant de trois à six mois de prison, ainsi que de lourdes
amendes.
L’Algérie a vu le nombre de manifestations relatives à
la pauvreté, au chômage et à la corruption augmenter ces deux dernières
années, et des militants et des syndicalistes ont fait l’objet d’un
harcèlement judiciaire et de poursuites pour avoir simplement exercé
leurs droits à la liberté d’expression et de réunion.
En avril
2012, Abdelkader Kherba a été condamné à une amende et à un an de prison
avec sursis, après qu’un tribunal l’ait déclaré coupable d’« incitation
directe à un attroupement » pour avoir rejoint et filmé un sit-in de
protestation organisé par des greffiers.
Il a de nouveau été
arrêté, placé en détention et poursuivi en août 2012 pour avoir tenté de
filmer une manifestation contre les coupures d’eau à Ksar el Boukhari,
dans la wilaya (préfecture) de Médéa. Inculpé d’outrage et violences à
fonctionnaire, il a été relaxé et remis en liberté le 11 septembre.
Bien que les autorités aient levé en 2011 l’état d’urgence qui était en
vigueur depuis 31 ans dans le pays – avec en toile de fond les
manifestations antigouvernementales à travers le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord –, les groupes de la société civile et les défenseurs
des droits humains continuent à subir menaces et manœuvres de
harcèlement de la part des autorités, et le gouvernement a introduit de
nouvelles lois restreignant les activités des médias et des
organisations non gouvernementales.
La loi 12-06 relative aux
associations renforce le contrôle sur les groupes de la société civile
et autorise les autorités à refuser de les enregistrer ou de leur verser
des subventions, et à suspendre leurs activités ou même à les
dissoudre. De nombreux articles de cette nouvelle loi vont à l’encontre
des obligations qui sont celles de l’Algérie aux termes du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui
consacre les droits à la liberté d’expression, de réunion et
d’association.
En mai 2012, le Rapporteur spécial des Nations
unies sur le droit de réunion et d’association pacifiques a déclaré que
les membres d’associations non reconnues doivent être autorisés à mener
des activités, et notamment à exercer leur droit d’organiser des
rassemblements pacifiques et d’y participer, et qu’ils ne doivent pas
faire l’objet de sanctions pénales pour ce motif.
En mars 2013,
les autorités algériennes ont empêché une délégation de syndicalistes
et de militants de la société civile, notamment des membres de la LADDH
et du CNDDC, de franchir la frontière tunisienne pour se rendre au Forum
social mondial, portant ainsi atteinte à leur droit à la liberté de
mouvement, également garanti par le PIDCP.
ODH Tizi-Ouzou :4
jours après la journée mondiale de la liberté de la presse, le
procureur de la république du tribunal de Tigzirt a demandé
l’application
du code pénal et a requis une peine de 3 mois de prison ferme et une
amande de 50000 DA contre le journaliste du site électronique
Kabyle.com pour diffamation.
L'avocate
du journaliste, Me. Lila Hadjarab a plaidé annulation des poursuites
pour
vice de forme. En effet, l'article 42 du code de l'information et la
pratique judiciaire (arrêt de la cour suprême) exigent la citation du
directeur de la publication au même titre que le
journaliste, M. Hachmaoui, l’ex-maire de Mizrana, partie civile, a
exigé un dédommagement d’un dinar symbolique.
L’affaire remonte aux élections législatives précédentes ou le journaliste Rabah
Benamghar, et dans un article sur le climat de préparation des élections en Kabylie maritime, a écrit"Dans
la commune voisine du
Mizrana, l’actuel président de l’APC (Assemblée populaire communale)
d’obédience RCD conduirait une liste d’indépendants puisque son parti
d’origine l’aurait écarté pour mauvaise gestion. Il
jouerait ainsi les troubles fêtes et espérer barrer la route à ses
anciens collègues du parti RCD envers qui il tient rancune et enfin
espérer revenir aux affaires par une autre
porte."
Les forces de sécurité répriment un
rassemblement pacifique devant l’Assemblée populaire nationale (APN). Ce
rassemblement a été organisé par les jeunes « du pré-emploi » pour
dénoncer la précarité de leur situation et demander leur intégration.
Le chef du groupe parlementaire du Front
des Forces Socialistes, M. Betatache Ahmed présent lors de ce
rassemblement a été violemment matraqué.
Le FFS dénonce cette répression sauvage à
l’encontre de jeunes qui revendiquent pacifiquement leur dignité de
citoyens et leurs droits.
Le FFS dénonce également l’agression de son chef de groupe parlementaire en violation de son immunité parlementaire.
Le FFS dénonce la violation du droit de
manifestation pacifique par les forces de sécurité. Ce droit est
consacré par la constitution et par les différentes chartes du droit
international dont l’Algérie est signataire.
Le FFS appelle les Algériennes et les
Algériens à défendre leurs droits et prendra toutes les décisions
légitimes pour dénoncer cette violence d’Etat et faire avancer les
libertés dans le pays.
Un cadre syndical UGTA entame une grève de la faim a
Hassi R’mel
Un cadre syndical UGTA entame une grève de la faim depuis
ce matin devant le siège de la direction des productions de la SONATRACH, après
être lâché par son syndicat UGTA, pour avoir osé réclamer et défendre les i intérêts des travailleuses et
travailleurs de la SONATRACH, son syndicat d’affiliation UGTA l’exclu de ses
rangs, et donne le feu vert a l’employeur (SONATRACH) de le sanctionner.
NB : c’est le même activiste qui était depuis deux
ans a la tête du mouvement de protestation dans la région de Hassi Rmel.
Depuis quelques années la Sonatrach en générale et
Hassi r’mel en particulier est devenue le siège d’événements étranges qui ne
nous apparaissent pas immédiatement tellement ils nous sont familiers. à savoir
le mépris pour lesdroits des employés
de la plus grande entreprise d’ Afriquequi se distingue comme l une des plus autoritaires d’ Algerie (violation
de la convention collective de l entreprise et le règlement intérieur) avec la
complicité du partenaires sociale(UGTA)et à tous les niveaux de responsabilitéqui fonctionne toujours selon le model
stalinien
Cette situation d’ordre
structurelle a été encouragée par le style de management qui lui a été imposé
par le "Top Management". Nouveau système de rémunération, système de
promotion et de régularisation des agents en poste, recrutement externe,
recours à la sous-traitance à outrance, gestion quotidienne aussi des
installations et des hommes, travail en dehors des textes réglementaires et
conventionnels, et, surtout le choix des cadres chargés de la mise en
application de tout cela.
Voici
une réalité qui se quantifie de désolation et d’amertume.
A force de vouloir
dénoncer toute cette magouille, même dans le cadre de l’organisation syndicale
UGTA, la direction n’a ménagée aucun effort pour tenter de me bâillonner par
des mesures disciplinaires qui frisent le ridicule. Menaces, actions
disciplinaires injustifiées, harcèlement quotidien et comble de tout cela.
instruction donnée à l’union locale UGTA afin de m’exclure définitivement de
l’organisation.
Le
bilan exhaustif de la direction régionale ne pourra que refléter l’état
catastrophique dans lequel se retrouve la région de hassi-r’mel : Départ à
la retraite anticipée des meilleures compétences de l‘entreprise pour des
motifs inavoués, nomination à des postes sensibles d’ agents dont les
compétences sont loin de faire l’unanimité, violation des textes réglementaires
et conventionnels en passant par la gestion hasardeuse même dans les contrats
régissant le parc roulant (véhicules de l’entreprise)…
C’est
pour cela précisément que je me vois confronter quotidiennement à toute sorte
de brimade et d’intimidation, tantôt c’est la sanction injustifiée tantôt c’est
la menace d’une mutation. Cette état de fait qui encore une fois se retrouve en
contradiction flagrante avec la lettre et l’esprit de la convention collective
de l’entrepriseet cela démontre bien le
harcèlement moral et les préjudice que cela pourra engendrer aussi bien sur le
plan mental que physique, et dans tous les cas de figure la responsabilité de
l’entreprise demeure entièrement engagée.
Afin
de mettre fin à toutes formes de menace,d’intimidation ,etle harcèlement moral dont je suis victime
,Moi en tant que délègues représentatif ,je m engageà continuer le combat pour la dignités des travailleurset résister a toutes les contraintes quelles
que soit leurs nature et leurs démontrer madéterminationà aller jusqu au
boutpour honorer mon engagement pour
arracher tous lesdroits conventionnés
,même au péril de ma vie
A
cet effet, je décrète une grève de la faim illimitée devant le complexe
administratif
Membre du conseil national de la LADDH (ligue
Algérienne pour la défense des droits de l'homme), Président du bureau de wilaya
de Laghouat, représentant de l'UITA en Algérie (Union Internationale des
travailleurs de l'alimentation ) Bloggeur, et journaliste citoyen
Pour accéder au site http://www.kalimadz.com en dépit de la censure en Algérie vous pouvez aller sur les liens suivants : http://dhost.info/radwan/ar/ http://www.ninjacloak.com/index.php/ http://www.adfreeproxy.com/
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